JUEVES 22 - 4
18hs
MARCHAMOS
de Plaza Houssay a Plaza de Mayo
No al pago de la Deuda Externa, Sí a la Educación Pública!
Convoca: FUBA y CONADU H.
15.4.10
10.4.10
CHARLA en la Facultad de Derecho
Deuda Externa: ¿seguir pagando o plata para educación, salarios y trabajo?
Expone el profesor José Castillo, miembro del EDI (Economistas de Izquierda) y dirigente nacional de IZQUIERDA SOCIALISTA
MARTES 13-4
20hs
Aula 18
10.3.10
BOLETÍN Inicio de Clases - 1er cuatrimestre 2010
Facultad de Derecho -
BOLETÍN
1er cuatrimestre 2010
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EDITORIAL:
A 34 años del Golpe...
Mientras en el país transcurría una de las dictaduras más sangrientas, 30.000 compañeros eran detenidos, torturados y luego desaparecidos, los militares no sólo se contentaron con apropiarse de bebés, robar propiedades de las víctimas y llenar de terror cada rincón: fueron más allá. Los altos mandos se ocuparon también de mantener atado al país a los intereses del imperialismo con una deuda fraudulenta, ilegítima, inmoral e impagable.
Como se sabe, Estados Unidos fue impulsor de las dictaduras que, desde los años ´70, ocuparon casi todo el territorio Latinoamericano, capacitando a los militares golpistas en la “Escuela de las Américas” para secuestrar, torturar y desaparecer a los "subversivos". Este operativo llevó el nombre de “Plan Cóndor”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el primero en reconocer al gobierno de facto argentino otorgándole un crédito a principios de 1976.
La deuda externa no se creó por generación espontánea, sino que fue el producto del modelo económico de superexplotación y saqueo que profundizó la dictadura militar.
Durante el “proceso”, se aplicaron medidas económicas que siguieron por el camino de destrucción y endeudamiento del país y hubo negocios fraudulentos con los amigos del poder a costa del pueblo, como por ejemplo, el quiebre de los servicios públicos, beneficios a las importaciones que produjeron el cierre de cientos de fábricas nacionales, sumado a que los grupos económicos robaron hasta el infinito, y miles de millones de dólares quedaron “registrados” como deuda aunque nunca habían entrado al país.
En el año 1982, Cavallo al frente del Banco Central, estatizó las deudas privadas, es decir el pueblo tuvo que pagar lo que debían las empresas. Las deudas de los Macri, Pérez Companc, Amalita de Fortabat, entre otros, pasaron a ser de todo el pueblo. Así fue que el endeudamiento del país que había en la época de Isabelita Martínez de Perón de U$ 9.700 millones, subió a 45.100, un 364% más!
Año a año los gobiernos de turno se ocupan de cumplir con una deuda que ya hemos pagado varias veces en forma de intereses, volviendo a pedir préstamos para pagar lo anterior, dejando cada vez más pobreza y más miseria en el país.
Hoy Cristina, mientras se pelea con la oposición patronal por la reservas del Banco Central, sobre si se paga por decreto o por ley, continúa con este modelo de saqueo entregando miles de millones al Fondo como lo hicieron antes Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y también Néstor Kirchner. Hoy siguen gobernando para las empresas, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los trabajadores y el pueblo.
Por otro lado, este supuesto "Gobierno de los Derechos Humanos" continúa con la impunidad. Los genocidas siguen indultados, libres o con prisión domiciliaria. Jorge Julio López fue el primer desaparecido en democracia en el año 2006 cuando tenía que atestiguar en un juicio contra los milicos, porque el aparato represivo que secuestró y mató en los ´70, hoy sigue intacto.
Por todo esto, este 24 de Marzo, a 34 años del golpe llamamos a movilizarnos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Recordando a los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos digamos bien fuerte:
Con Cristina sigue la impunidad: Juicio y castigo a todos los genocidas, anulación de los indultos!
Terminemos con el genocidio económico que instauró la dictadura:
EDUCACIÓN:
Luchemos para enfrentar el Modelo Educativo Privatizador de los Kirchner!
Desde hace un tiempo, empezamos a encontrar en cada facultad y cada carrera, propuestas de nuevos planes de estudio o de reformas a los existentes. Si bien, esto podría ser muy bueno en la mayoría de los casos, sabemos que detrás se encuentra una intención no tan buena.
La Ley de Educación Superior, sancionada por Menem en 1995, es una ley para privatizar la educación superior. Por eso, estudiantes y docentes la venimos enfrentando hace 15 años y gracias a eso, hoy no se encuentra aplicada en nuestra Universidad.
¿Pero, qué es la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LES) y cuáles son sus consecuencias?
Es la ley que incluyó ya en el artículo 1º al Sector Público y Privado, universitario y no universitario, poniéndolos en igualdad de condiciones. Posibilitando explícitamente el arancelamiento para los estudios de Grado, impulsando un salto también en los postgrados, desplazando la posibilidad de acceder a los contenidos específicos de cada carrera de forma gratuita, teniendo que pasar a una instancia de postgrado fuertemente arancelada.
Hoy los efectos de la LES son evidentes: desfinanciamiento del sistema de educación superior por parte del estado nacional, aumento del financiamiento privado, deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en las carreras de grado, con el consiguiente deterioro de los títulos y contenidos de las diferentes carreras.
Los K, que hablaron durante años de una nueva LES, más “progre”, hoy sólo se dedican a aplicar la vieja, menemista y neoliberal LES de los ´90. Esto es porque todas las variantes patronales tienen los mismo objetivos en relación a la educación superior.
Ø La evaluación de las Carreras mediante la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) o de entidades privadas constituidas con ese fin...», dejando en manos de una comisión designada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional el destino de cada una de las universidades, rediseñando sus planes de estudio en función de las leyes del mercado.
Ø Que los postgrados sigan fuertemente arancelados.
Ø Que los órganos de cogobierno de facultades y universidades, se mantenga la proporcionalidad que le otorga la mayoría decisiva a las camarillas minoritarias de profesores concursados, desoyendo el reclamo por la democratización del movimiento estudiantil, los docentes y no docentes siendo minorías en los órganos de co-gobierno de donde emergen los planes privatistas, en desmedro de nuestra universidad publica.
A modo de ejemplo en la LES en el Artículo 59, institucionaliza la generación de “recursos propios” abriendo el juego para que las Universidades firmen convenios con empresas privadas. Estos incluyen, desde el alquiler de pisos enteros para empresas químicas, convenios con los grandes laboratorios, acuerdo con empresas telefónicas y grandes multimedios, hasta mano de obra estudiantil para trabajar gratis en “pasantías”.
También autoriza a las universidades a «fijar su régimen salarial y su administración de personal», dejando vía libre a la fragmentación de los salarios, desplazando su discusión del ámbito nacional a cada una de las universidades.
El pasado lunes 14 de diciembre del 2009, y las autoridades de la UBA realizaron la Asamblea Universitaria donde reeligieron a Rubén Hallú como Rector. Para ello contaron con el apoyo del Gobierno Nacional quien cedió el Congreso y la Policía para contener el rechazo y movilización estudiantil y docente que rechazaba la realización de la Asamblea Universitaria siendo la misma de carácter antidemocrático para intentar aplicar el modelo educativo privatizador LES-CONEAU. La maniobra del rectorado fue adelantar la fecha de convocatoria de la Asamblea para realizarla en época en que no hay clases, con el objetivo de evitar un masivo cuestionamiento a los mecanismos antidemocráticos de elección de las autoridades y sus continuos intentos privatizadores.
Somos muchos quienes consideramos que hoy el sistema universitario público se encuentra en estado de emergencia. Los efectos de la LES así lo demuestran: restricción presupuestaria, privatización encubierta (a través de la generación de recursos propios), deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en Carreras de Grado, por señalar sólo las consecuencias más nefastas. Por eso la anulación de la Ley de Educación Superior es impostergable.
El movimiento estudiantil y docente no debe permitir que el gobierno de Cristina retome la iniciativa política privatista hoy manifiesta de diferentes formas en la UBA. Debemos aprovechar el debilitamiento político del gobierno, y abrir una gran discusión en todas las universidades para desarrollar un gran movimiento nacional que logre anular la LES, e ir discutiendo democráticamente entre los estudiantes y docentes, junto con a las organizaciones de trabajadores, para tener una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.
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EN DERECHO:
Tenemos nueva decana, pero es más de lo mismo.
Como ya comprobaron los más de 30.000 estudiantes de nuestra Facultad, los cursos de verano e invierno no son más que un bien de lujo reservado a unos pocos afortunados. Y la situación no es muy distinta cuando se trata de inscribirse para el cuatrimestre. La oferta parece una cargada para aquellos que trabajamos y contamos con una franja horaria acotada para cursar. Lo más absurdo de todo es que mientras muchas cátedras son trasladadas a la mañana (justamente en los horarios en que la cantidad de estudiantes que cursa es menor), reducen la oferta de la tarde y la noche que son las más concurridas. Este mismo obstáculo se les presenta a quienes todavía pertenecen al viejo Plan 1985, y se suma a que la cantidad de cátedras específicas para su plan es cada vez menor. ¿Cómo pueden pretender excelencia académica si restringen los mejores cátedras, y las ubican en horarios inaccesibles a la mayoria, dejando sin posibilidad de una verdadera elección a los estudiantes?
Mientras tanto la mayoría de los docentes dictan clases ad-honorem trabajando en negro, con contratos precarizados (quienes los tienen) y salarios de miserables.
Por su parte, los estudiantes de Traductorado carecen de una verdadera representación de sus derechos, quedando indefensos ante arbitrariedades como las que sufrieron el año pasado, cuando se les impuso un nuevo plan de estudios dejando a los actuales estudiantes con la exigencia de recibirse en el 2012 o ser “pasados” al nuevo plan, con la incertidumbre de no saber cuáles de las materias ya cursadas les serían reconocidas.
Ante todas estas injusticias, nuestro Centro de Estudiantes pretende convencernos de que se preocupa por los estudiantes pintando su local de brillantes colores y poniendo computadoras con pantalla plana, mientras que en las sesiones del Consejo Directivo dejan pasar los planes más que restrictivos y excluyentes que el decano impulsa, o propuestas como la modificación al cuadro de correlatividades (impuesta a fines de 2008) que se presenta como una traba más sumada a la paupérrima oferta de cursos y la escasez de cátedras a la hora de anotarse.
Todos estos problemas no son una casualidad, sino la consecuencia de una grave crisis presupuestaria educativa. A raíz de ella, nuestra Facultad se financia con los fondos que obtiene de los aranceles de los posgrados. Es por ello que ni Alterini ni Mónica Pinto se preocupan por evitar que el nivel académico de la carrera de grado se degrade cada vez más a través de la falta de oferta de cursos y de cátedras que estimulen un pensamiento crítico, ya que pretenden que una vez recibidos necesitemos pagar un posgrado para tener un título que valga algo en el mercado laboral. Y es también gracias a esta política privatizadora que tenemos un edificio dividido, con instalaciones de lujo en el tercer piso y aulas en lamentables condiciones donde se dictan los cursos de la carrera de grado.
Nuevo Derecho es cómplice a través de su inacción ante todos estos abusos y manteniendo el silencio frente a las medidas claramente privatistas del decanato.
Estamos ante una verdadera política de estado destinada al vaciamiento de las instituciones públicas. La ya larga gestión de los Kirchner no hizo (y sigue haciendo) más que dejar de lado asuntos de primera necesidad como educación, salud y trabajo, dando prioridad al pago de la deuda externa. De esta forma es que vulneran nuestro derecho a la educación pública, gratuita, de excelencia y accesible a todos, convirtiéndola en un servicio sólo al alcance de unos pocos.
Nuestra nueva decana, la radical Mónica Pinto, no es más que una sucesora de las políticas de Alterini, al servicio del proyecto nacional de privatización de la educación pública. Así, junto al silencio cómplice de la conducción del centro de estudiantes, es que se agudiza aun más la crisis educativa que atraviesa la UBA.
Desde IZQUIERDA SOCIALISTA creemos que un Centro de Estudiantes no es una empresa de servicios, sino una conquista de los estudiantes que existe para apoyarlos y representarlos en sus reclamos, defendiendo la universidad pública, gratuita y de excelencia para todos; peleando por más becas, por comedores estudiantiles, por un posgrado gratuito y luchando en contra de la reducción sistemática de la oferta de cursos.
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CAMPAÑA INTERNACIONAL:
¡Ayuda Humanitaria SÍ! ¡Ocupación Militar, NO!
Un terremoto de intensidad inusitada, y un tsunami, sacudieron las tierras chilenas. El panorama es desolador: cientos de muertos y heridos, otros tantos desaparecidos, 1,5 millón de viviendas destruidas, hospitales colapsados. Millones quedaron sin techo, sin luz, sin agua. Frente a la catástrofe, los empresarios han comenzado a especular, incrementando notablemente los precios, como por ejemplo, el de la nafta, trepando de 615 a 1.000 pesos chilenos. Provocando así un encarecimiento brutal del resto de los productos.
Ante este escenario, miles de personas salieron a las calles en busca de alimentos, agua, medicamentos. Los saqueos son un intento desesperado de proveerse de aquello que no llega a través de la supuesta ayuda estatal. La respuesta del gobierno de Bachelet ha sido, militarizar el territorio para “restaurar el orden”, implementando el toque de queda en las ciudades más afectadas, imponiendo una fuerte política militarista, inundando las calles de policías (17.000), cuando lo que necesita el pueblo son los elementos mínimos para subsistir ante el cierre de los supermercados y farmacias.
Constantemente se oye hablar a voceros del imperialismo y políticos patronales de las virtudes del “modelo” chileno. Sin embargo, el terremoto empieza a mostrar “el otro” Chile, el que querían encubrir. Chile es uno de los países con mayores índices de desigualdad social, donde la salud y la educación son sólo para un puñado. El 90% del crecimiento económico es patrimonio de empresas multinacionales y capitales privados. Casi un millón de personas trabajan 15 horas diarias por sueldos miserables. Sólo un 30% del empleo es estable. El otro 70% es precarizado y se realiza en condiciones de máxima explotación. Todo esto ha sido el resultado de las políticas del gobierno pinochetista y de los sucesivos gobiernos de la Concertación, que han ido avanzando de manera colosal en la imposición de las políticas que el imperialismo receta al conjunto de los países latinoamericanos.
Lo mismo ocurrió en Haití tiempo atrás, donde la ayuda que llega no sólo es insuficiente, sino que va dirigida a resolver los problemas de los extranjeros que viven allí y de las capas más acomodadas de la población. Muy poco llega a los sectores realmente necesitados. La MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití), que bajo el argumento de estabilización y de ayuda humanitaria ha demostrado su fracaso, ocupa Haití desde el 2004 -paradójicamente el año del Bicentenario de su independencia-. Con la vergonzosa participación de las fuerzas armadas argentinas bajo el mando de Brasil… Estas tropas no contribuyen con ayuda humanitaria; el rol que están cumpliendo es el de reprimir a los hambrientos, resguardar los intereses de sus empresas, siendo en realidad que lo mas urgente es dicha ayuda, y no tropas al servicio de las empresas multinacionales y sus negocios.
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BOLETÍN
1er cuatrimestre 2010
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EDITORIAL:
A 34 años del Golpe...
Basta de pagar la Deuda Externa!
Mientras en el país transcurría una de las dictaduras más sangrientas, 30.000 compañeros eran detenidos, torturados y luego desaparecidos, los militares no sólo se contentaron con apropiarse de bebés, robar propiedades de las víctimas y llenar de terror cada rincón: fueron más allá. Los altos mandos se ocuparon también de mantener atado al país a los intereses del imperialismo con una deuda fraudulenta, ilegítima, inmoral e impagable.
Como se sabe, Estados Unidos fue impulsor de las dictaduras que, desde los años ´70, ocuparon casi todo el territorio Latinoamericano, capacitando a los militares golpistas en la “Escuela de las Américas” para secuestrar, torturar y desaparecer a los "subversivos". Este operativo llevó el nombre de “Plan Cóndor”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el primero en reconocer al gobierno de facto argentino otorgándole un crédito a principios de 1976.
La deuda externa no se creó por generación espontánea, sino que fue el producto del modelo económico de superexplotación y saqueo que profundizó la dictadura militar.
Durante el “proceso”, se aplicaron medidas económicas que siguieron por el camino de destrucción y endeudamiento del país y hubo negocios fraudulentos con los amigos del poder a costa del pueblo, como por ejemplo, el quiebre de los servicios públicos, beneficios a las importaciones que produjeron el cierre de cientos de fábricas nacionales, sumado a que los grupos económicos robaron hasta el infinito, y miles de millones de dólares quedaron “registrados” como deuda aunque nunca habían entrado al país.
En el año 1982, Cavallo al frente del Banco Central, estatizó las deudas privadas, es decir el pueblo tuvo que pagar lo que debían las empresas. Las deudas de los Macri, Pérez Companc, Amalita de Fortabat, entre otros, pasaron a ser de todo el pueblo. Así fue que el endeudamiento del país que había en la época de Isabelita Martínez de Perón de U$ 9.700 millones, subió a 45.100, un 364% más!
Año a año los gobiernos de turno se ocupan de cumplir con una deuda que ya hemos pagado varias veces en forma de intereses, volviendo a pedir préstamos para pagar lo anterior, dejando cada vez más pobreza y más miseria en el país.
Hoy Cristina, mientras se pelea con la oposición patronal por la reservas del Banco Central, sobre si se paga por decreto o por ley, continúa con este modelo de saqueo entregando miles de millones al Fondo como lo hicieron antes Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y también Néstor Kirchner. Hoy siguen gobernando para las empresas, en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los trabajadores y el pueblo.
Por otro lado, este supuesto "Gobierno de los Derechos Humanos" continúa con la impunidad. Los genocidas siguen indultados, libres o con prisión domiciliaria. Jorge Julio López fue el primer desaparecido en democracia en el año 2006 cuando tenía que atestiguar en un juicio contra los milicos, porque el aparato represivo que secuestró y mató en los ´70, hoy sigue intacto.
Por todo esto, este 24 de Marzo, a 34 años del golpe llamamos a movilizarnos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
Recordando a los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos digamos bien fuerte:
Con Cristina sigue la impunidad: Juicio y castigo a todos los genocidas, anulación de los indultos!
Terminemos con el genocidio económico que instauró la dictadura:
BASTA DE PAGAR LA DEUDA EXTERNA!
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Luchemos para enfrentar el Modelo Educativo Privatizador de los Kirchner!
Desde hace un tiempo, empezamos a encontrar en cada facultad y cada carrera, propuestas de nuevos planes de estudio o de reformas a los existentes. Si bien, esto podría ser muy bueno en la mayoría de los casos, sabemos que detrás se encuentra una intención no tan buena.
La Ley de Educación Superior, sancionada por Menem en 1995, es una ley para privatizar la educación superior. Por eso, estudiantes y docentes la venimos enfrentando hace 15 años y gracias a eso, hoy no se encuentra aplicada en nuestra Universidad.
¿Pero, qué es la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LES) y cuáles son sus consecuencias?
Es la ley que incluyó ya en el artículo 1º al Sector Público y Privado, universitario y no universitario, poniéndolos en igualdad de condiciones. Posibilitando explícitamente el arancelamiento para los estudios de Grado, impulsando un salto también en los postgrados, desplazando la posibilidad de acceder a los contenidos específicos de cada carrera de forma gratuita, teniendo que pasar a una instancia de postgrado fuertemente arancelada.
Hoy los efectos de la LES son evidentes: desfinanciamiento del sistema de educación superior por parte del estado nacional, aumento del financiamiento privado, deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en las carreras de grado, con el consiguiente deterioro de los títulos y contenidos de las diferentes carreras.
Los K, que hablaron durante años de una nueva LES, más “progre”, hoy sólo se dedican a aplicar la vieja, menemista y neoliberal LES de los ´90. Esto es porque todas las variantes patronales tienen los mismo objetivos en relación a la educación superior.
Ø La evaluación de las Carreras mediante la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) o de entidades privadas constituidas con ese fin...», dejando en manos de una comisión designada directamente por el Poder Ejecutivo Nacional el destino de cada una de las universidades, rediseñando sus planes de estudio en función de las leyes del mercado.
Ø Que los postgrados sigan fuertemente arancelados.
Ø Que los órganos de cogobierno de facultades y universidades, se mantenga la proporcionalidad que le otorga la mayoría decisiva a las camarillas minoritarias de profesores concursados, desoyendo el reclamo por la democratización del movimiento estudiantil, los docentes y no docentes siendo minorías en los órganos de co-gobierno de donde emergen los planes privatistas, en desmedro de nuestra universidad publica.
A modo de ejemplo en la LES en el Artículo 59, institucionaliza la generación de “recursos propios” abriendo el juego para que las Universidades firmen convenios con empresas privadas. Estos incluyen, desde el alquiler de pisos enteros para empresas químicas, convenios con los grandes laboratorios, acuerdo con empresas telefónicas y grandes multimedios, hasta mano de obra estudiantil para trabajar gratis en “pasantías”.
También autoriza a las universidades a «fijar su régimen salarial y su administración de personal», dejando vía libre a la fragmentación de los salarios, desplazando su discusión del ámbito nacional a cada una de las universidades.
El pasado lunes 14 de diciembre del 2009, y las autoridades de la UBA realizaron la Asamblea Universitaria donde reeligieron a Rubén Hallú como Rector. Para ello contaron con el apoyo del Gobierno Nacional quien cedió el Congreso y la Policía para contener el rechazo y movilización estudiantil y docente que rechazaba la realización de la Asamblea Universitaria siendo la misma de carácter antidemocrático para intentar aplicar el modelo educativo privatizador LES-CONEAU. La maniobra del rectorado fue adelantar la fecha de convocatoria de la Asamblea para realizarla en época en que no hay clases, con el objetivo de evitar un masivo cuestionamiento a los mecanismos antidemocráticos de elección de las autoridades y sus continuos intentos privatizadores.
Somos muchos quienes consideramos que hoy el sistema universitario público se encuentra en estado de emergencia. Los efectos de la LES así lo demuestran: restricción presupuestaria, privatización encubierta (a través de la generación de recursos propios), deterioro de las condiciones laborales docentes y pérdida de contenidos en Carreras de Grado, por señalar sólo las consecuencias más nefastas. Por eso la anulación de la Ley de Educación Superior es impostergable.
El movimiento estudiantil y docente no debe permitir que el gobierno de Cristina retome la iniciativa política privatista hoy manifiesta de diferentes formas en la UBA. Debemos aprovechar el debilitamiento político del gobierno, y abrir una gran discusión en todas las universidades para desarrollar un gran movimiento nacional que logre anular la LES, e ir discutiendo democráticamente entre los estudiantes y docentes, junto con a las organizaciones de trabajadores, para tener una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.
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EN DERECHO:
Tenemos nueva decana, pero es más de lo mismo.
Como ya comprobaron los más de 30.000 estudiantes de nuestra Facultad, los cursos de verano e invierno no son más que un bien de lujo reservado a unos pocos afortunados. Y la situación no es muy distinta cuando se trata de inscribirse para el cuatrimestre. La oferta parece una cargada para aquellos que trabajamos y contamos con una franja horaria acotada para cursar. Lo más absurdo de todo es que mientras muchas cátedras son trasladadas a la mañana (justamente en los horarios en que la cantidad de estudiantes que cursa es menor), reducen la oferta de la tarde y la noche que son las más concurridas. Este mismo obstáculo se les presenta a quienes todavía pertenecen al viejo Plan 1985, y se suma a que la cantidad de cátedras específicas para su plan es cada vez menor. ¿Cómo pueden pretender excelencia académica si restringen los mejores cátedras, y las ubican en horarios inaccesibles a la mayoria, dejando sin posibilidad de una verdadera elección a los estudiantes?
Mientras tanto la mayoría de los docentes dictan clases ad-honorem trabajando en negro, con contratos precarizados (quienes los tienen) y salarios de miserables.
Por su parte, los estudiantes de Traductorado carecen de una verdadera representación de sus derechos, quedando indefensos ante arbitrariedades como las que sufrieron el año pasado, cuando se les impuso un nuevo plan de estudios dejando a los actuales estudiantes con la exigencia de recibirse en el 2012 o ser “pasados” al nuevo plan, con la incertidumbre de no saber cuáles de las materias ya cursadas les serían reconocidas.
Ante todas estas injusticias, nuestro Centro de Estudiantes pretende convencernos de que se preocupa por los estudiantes pintando su local de brillantes colores y poniendo computadoras con pantalla plana, mientras que en las sesiones del Consejo Directivo dejan pasar los planes más que restrictivos y excluyentes que el decano impulsa, o propuestas como la modificación al cuadro de correlatividades (impuesta a fines de 2008) que se presenta como una traba más sumada a la paupérrima oferta de cursos y la escasez de cátedras a la hora de anotarse.
Todos estos problemas no son una casualidad, sino la consecuencia de una grave crisis presupuestaria educativa. A raíz de ella, nuestra Facultad se financia con los fondos que obtiene de los aranceles de los posgrados. Es por ello que ni Alterini ni Mónica Pinto se preocupan por evitar que el nivel académico de la carrera de grado se degrade cada vez más a través de la falta de oferta de cursos y de cátedras que estimulen un pensamiento crítico, ya que pretenden que una vez recibidos necesitemos pagar un posgrado para tener un título que valga algo en el mercado laboral. Y es también gracias a esta política privatizadora que tenemos un edificio dividido, con instalaciones de lujo en el tercer piso y aulas en lamentables condiciones donde se dictan los cursos de la carrera de grado.
Nuevo Derecho es cómplice a través de su inacción ante todos estos abusos y manteniendo el silencio frente a las medidas claramente privatistas del decanato.
Estamos ante una verdadera política de estado destinada al vaciamiento de las instituciones públicas. La ya larga gestión de los Kirchner no hizo (y sigue haciendo) más que dejar de lado asuntos de primera necesidad como educación, salud y trabajo, dando prioridad al pago de la deuda externa. De esta forma es que vulneran nuestro derecho a la educación pública, gratuita, de excelencia y accesible a todos, convirtiéndola en un servicio sólo al alcance de unos pocos.
Nuestra nueva decana, la radical Mónica Pinto, no es más que una sucesora de las políticas de Alterini, al servicio del proyecto nacional de privatización de la educación pública. Así, junto al silencio cómplice de la conducción del centro de estudiantes, es que se agudiza aun más la crisis educativa que atraviesa la UBA.
Desde IZQUIERDA SOCIALISTA creemos que un Centro de Estudiantes no es una empresa de servicios, sino una conquista de los estudiantes que existe para apoyarlos y representarlos en sus reclamos, defendiendo la universidad pública, gratuita y de excelencia para todos; peleando por más becas, por comedores estudiantiles, por un posgrado gratuito y luchando en contra de la reducción sistemática de la oferta de cursos.
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CAMPAÑA INTERNACIONAL:
¡Ayuda Humanitaria SÍ! ¡Ocupación Militar, NO!
Un terremoto de intensidad inusitada, y un tsunami, sacudieron las tierras chilenas. El panorama es desolador: cientos de muertos y heridos, otros tantos desaparecidos, 1,5 millón de viviendas destruidas, hospitales colapsados. Millones quedaron sin techo, sin luz, sin agua. Frente a la catástrofe, los empresarios han comenzado a especular, incrementando notablemente los precios, como por ejemplo, el de la nafta, trepando de 615 a 1.000 pesos chilenos. Provocando así un encarecimiento brutal del resto de los productos.
Ante este escenario, miles de personas salieron a las calles en busca de alimentos, agua, medicamentos. Los saqueos son un intento desesperado de proveerse de aquello que no llega a través de la supuesta ayuda estatal. La respuesta del gobierno de Bachelet ha sido, militarizar el territorio para “restaurar el orden”, implementando el toque de queda en las ciudades más afectadas, imponiendo una fuerte política militarista, inundando las calles de policías (17.000), cuando lo que necesita el pueblo son los elementos mínimos para subsistir ante el cierre de los supermercados y farmacias.
Constantemente se oye hablar a voceros del imperialismo y políticos patronales de las virtudes del “modelo” chileno. Sin embargo, el terremoto empieza a mostrar “el otro” Chile, el que querían encubrir. Chile es uno de los países con mayores índices de desigualdad social, donde la salud y la educación son sólo para un puñado. El 90% del crecimiento económico es patrimonio de empresas multinacionales y capitales privados. Casi un millón de personas trabajan 15 horas diarias por sueldos miserables. Sólo un 30% del empleo es estable. El otro 70% es precarizado y se realiza en condiciones de máxima explotación. Todo esto ha sido el resultado de las políticas del gobierno pinochetista y de los sucesivos gobiernos de la Concertación, que han ido avanzando de manera colosal en la imposición de las políticas que el imperialismo receta al conjunto de los países latinoamericanos.
Lo mismo ocurrió en Haití tiempo atrás, donde la ayuda que llega no sólo es insuficiente, sino que va dirigida a resolver los problemas de los extranjeros que viven allí y de las capas más acomodadas de la población. Muy poco llega a los sectores realmente necesitados. La MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití), que bajo el argumento de estabilización y de ayuda humanitaria ha demostrado su fracaso, ocupa Haití desde el 2004 -paradójicamente el año del Bicentenario de su independencia-. Con la vergonzosa participación de las fuerzas armadas argentinas bajo el mando de Brasil… Estas tropas no contribuyen con ayuda humanitaria; el rol que están cumpliendo es el de reprimir a los hambrientos, resguardar los intereses de sus empresas, siendo en realidad que lo mas urgente es dicha ayuda, y no tropas al servicio de las empresas multinacionales y sus negocios.
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